Manifestación en Sevilla, febrero 2012. Rtve.es |
Hace poco, un cargo de
la Junta de Andalucía dijo que iban a recortar la paga extraordinaria de junio
y diciembre, a los empleados públicos, para no despedir a los 30.000 externos
de las empresas públicas. No dice nada nuevo, pues el pasado año, el presidente,
José Antonio Griñán, argumentaba la misma cantinela: Se trata de una medida
dura y que supone un enorme sacrificio, pero lo que
no queremos es proceder al despido de 30.000 empleados públicos. Estos
enchufados son afines al PSOE y a los sindicatos UGT y CCOO, están colocados en
los grupos superiores y les quitan el trabajo a los funcionarios, que están
parados. A pesar de que fueron contratados a dedo, los han integrado como empleados públicos con la Ley de Ordenación, que es contraria a la Constitución.
Si nos recortan las extras para no despedir a la Cofradía de los Colocados (antiguos cargos, exalcaldes, exconcejales, sindicalistas de pro), ¿por qué los parlamentarios andaluces se subieron las dietas, aunque a última hora lo han anulado? ¿Por qué no se bajan ellos también el sueldo y son solidarios? Sinceramente, esperábamos algo más del PP. Y sin embargo, a los enchufados, que cobran 2.000 euros o más –el director de Invercaria tiene bachiller superior–, resulta que no les descuentan nada de la paga extra. ¿Por qué la Junta concede subvenciones para una playa en El Salvador, para encauzar un río en Marruecos, o 34 millones de euros para 150 linces y sobresueldos bajo cuerda a los directivos de la RTVA? El pasado año, la Junta repartió generosamente 223 millones en subvenciones a Cooperación Internacional, y 241 millones a CCOO y UGT que se han convertido en los guardianes del régimen.
Mienten como bellacos,
como cuando recortaron el dinero a los dependientes y le echaban la culpa al
Gobierno de Rajoy, hasta que el Defensor Chamizo les descubrió el juego y fue
entonces cuando decidieron cesarlo. Que seamos los únicos funcionarios en
España, con las pagas extras recortadas este año, se debe al ‘castigo’ por las
manifestaciones que hicimos el pasado año contra Griñán. Este basa toda su
estrategia y discurso en hacer oposición al Gobierno de Rajoy, pero ha olvidado
que es el primer socialista que perdió las elecciones andaluzas. Andalucía es
la comunidad autónoma con mayor fracaso escolar, con más paro y la más
empobrecida, pero de esto no parece darse cuenta el Gobierno social-comunista.
Como vive instalado en sus privilegios y en el derroche, cuando no haya dinero
en la caja para pagar a la ‘Administración Paralela’, ¿a quién le van a
recortar la paga?
El Tribunal Superior de
Justicia, de Andalucía, calificó en varias sentencias de “desprecio al Estado
de Derecho” la integración del personal externo en las nueve agencias, por la
“Ley del Enchufismo”. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo ha corregido y en una
sentencia de abril, sobre la Agencia de Instituciones Culturales, afirmó que el personal ya tenía la condición de empleado público, antes de que se
integrara en la Agencia. En la sentencia se da la contradicción e incongruencia
de que son empleados públicos los que han sido contratados a dedo y no han
superado ningún proceso selectivo, bajo los principios de igualdad, mérito y
capacidad. Somos muchos los que nos preguntamos: pero, ¿cómo es posible que el
TS no se dé cuenta de que se vulneran los artículos 14, 23 y 103.3 de la
Constitución española? ¿O es que tenemos unos jueces ‘politizados’, que no son
capaces de anular una ley autonómica, a todas luces ilegal e injusta, porque
avala de hecho una “verdadera invasión y ocupación de la Administración
andaluza”, igual que cuando el ejército de Napoleón invadió y ocupó España.
Si los jueces tuvieran
el problema de que miles de contratados les quitaran el trabajo y encima
cobraran más, hace tiempo que lo habrían solventado. Lo mismo ocurre con la
ocupación de las fincas y el asalto violento al Mercadona, por el SAT. Han
mirado para otro lado y no han sido capaces de sancionar a Sánchez Gordillo.
¡Qué distinto hubiera sido si cualquiera de nosotros hubiera cometido la
tropelía! Los ERE son el mayor robo de la democracia, quitaron 1.217 millones
de euros a los parados para repartirlos entre las redes clientelares del PSOE
andaluz. Esto ha ocurrido en las empresas públicas, con los contratados (si se
negaban, podían echarlos), y han sido precisamente los funcionarios quienes han
denunciado los ERE y filtrado a la prensa debido a su independencia. En la
Junta piensan que con recortes nos castigan, pero pinchan en hueso: ellos se
irán y los veremos avergonzados en los juzgados, y nosotros seguiremos. Nunca
un Gobierno democrático ha tratado peor a su Administración y a los parados.
Finalmente, hacemos una llamada a los sindicatos SAFJA, CSIF y otros para que
olviden sus diferencias y se unan, en defensa de los intereses de los
funcionarios.
Publicado en el ABC de Sevilla, el 6 de junio de 2013
Si nos recortan las extras para no despedir a la Cofradía de los Colocados (antiguos cargos, exalcaldes, exconcejales, sindicalistas de pro), ¿por qué los parlamentarios andaluces se subieron las dietas, aunque a última hora lo han anulado? ¿Por qué no se bajan ellos también el sueldo y son solidarios? Sinceramente, esperábamos algo más del PP. Y sin embargo, a los enchufados, que cobran 2.000 euros o más –el director de Invercaria tiene bachiller superior–, resulta que no les descuentan nada de la paga extra. ¿Por qué la Junta concede subvenciones para una playa en El Salvador, para encauzar un río en Marruecos, o 34 millones de euros para 150 linces y sobresueldos bajo cuerda a los directivos de la RTVA? El pasado año, la Junta repartió generosamente 223 millones en subvenciones a Cooperación Internacional, y 241 millones a CCOO y UGT que se han convertido en los guardianes del régimen.
Publicado en el ABC de Sevilla, el 6 de junio de 2013
Ha
pasado sobradamente el plazo de tres meses, que el juzgado le ha dado a la
Junta para que entregue la relación de los 30.000 externos de la
'Administración Paralela' y todavía no la ha entregado, pero ningún cargo de la
Justicia dice nada. La juez Alaya le pidió a la Junta numerosos documentos, pero lo
único que hizo fue poner obstáculos y criticarla, y nadie alzó la voz. ¿Alguien
tiene alguna duda de los amiguetes, lacayos y paracaidistas de la Junta? A Pedro Pacheco le han echado cuatro años por colocar a dos amigos en el Ayuntamiento.
Parece una venganza. Haciendo un cálculo por encima y con benevolencia, ¿cuántos
años tendrían que echarles a los irresponsables de la Junta?
En este enlace viene el artículo en el ABC
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ResponderEliminarMuchas gracias a todos, ahora lo que falta es unirnos para manifestarnos.
A pesar de los riesgos, tenía que echarles en cara lo que están haciendo con la Administración de la Junta, con todos nosotros.
ResponderEliminarRespondo a la carta del director (la hizo el pasado año para el artículo 'Los privilegiados de la Administración Paralela), de un trabajador de Egmasa, pues no la había leído hasta ahora y por eso la incluyo en el artículo. Lo que le dice un funcionario a un sindicalista, en realidad me ocurrió a mí, es que no pude aguantarme. En las Delegaciones de Medio Ambiente han denunciado los agentes (los antiguos guardas forestales) de que les quitan funciones para dárselas a los del Infoca.
Es evidente que los funcionarios entramos por oposición, mientras que los contratados en las empresas públicas suelen ser amiguetes y personas afines al Psoe y a los sindicatos UGT y CCOO. Precisamente, el nuevo secretario general de la UGT de Andalucía ha estado trabajando en Egmasa. Los funcionarios tenemos un ordenador donde fichamos las entradas y salidas, esto es bueno para nosotros porque había gente que se escaqueaba, pues había funcionarios enchufados.