LOS PRIVILEGIADOS DE LA 'ADMINISTRACIÓN PARALELA'

El 2 de noviembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la primera sentencia contra la polémica Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta, que supuso la integración de más de 20.000 trabajadores, de las empresas públicas, en la Administración Andaluza. El citado tribunal decía en la sentencia que el “acceso privilegiado de los trabajadores de la ‘Administración paralela’ a las nuevas agencias supone un desprecio al Estado de Derecho y una flagrante vulneración de los derechos fundamentales”. Con la excusa de una ley, a todas luces ilegal, de una tacada metieron en la administración a trabajadores contratados cuyo único mérito es tener el carné del PSOE o de los sindicatos UGT Y CCOO. El planteamiento y la estrategia es bien sencillo: como posiblemente vamos a perder las elecciones, los metemos por la gatera y dejamos a toda la parentela colocada, y si gana el PP que los indemnice.

La citada ley vulnera claramente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, para el acceso a la función pública, según el artículo 103 de la Constitución. Hace unos días, un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 9 de Sevilla advertía del peligro de la situación creada: "Hay que reconocer que si no se adopta la medida cautelar, de consolidarse la integración regulada en el protocolo impugnado sería prácticamente imposible retrotraer la situación en la que se verían afectados los trabajadores y afectará a la estabilidad y a la carrera profesional de los empleados públicos".

En cuanto a los falsos EREs en Andalucía (aseguran que es el mayor escándalo de la democracia), la Junta utilizó desde 2000 a 2010 unos 700 millones de euros para prejubilaciones ilegales a los intrusos. Habría que preguntarse, ¿acaso no es el mismo fraude, y de mayor cuantía, nombrar funcionarios a plena luz del día a 20.000 contratados a dedo, para que usurpen los puestos de trabajo a los funcionarios de carrera? 20.000 contratados a 1.300 euros de sueldo como mínimo al mes, salen a 26.000 millones, sin contar los sueldos de los grupos superiores y cargos. Si esta cantidad la multiplicamos por un año (14 pagas) salen 364 millones de euros. La misma trampa que los EREs: a unos los convierten en pensionistas, sin haber cotizado a la Seguridad Social, y a otros los nombran funcionarios, sin haber concurrido a unas oposiciones. El único mérito en común es que tienen el carné del partido o del sindicato. Tan intrusos son los unos como los otros y tan ilegales son los falsos EREs como los falsos funcionarios. Se ha vulnerado claramente la ley y el fraude es mucho mayor.

 

Y sin embargo, los EREs están machaconamente todos los días en los medios de comunicación, mientras apenas se menciona el caso de los 20.000 ‘falsos funcionarios’, cuando resulta más escandaloso por la cantidad defraudada, que ha disparado el déficit y la deuda de la Junta, así como por los perjuicios causados a los funcionarios. El presidente Griñán manifestó este verano su temor a que no tuvieran dinero para pagar a los funcionarios de la Junta. Es triste que tengamos que estar reivindicando lo evidente y, lo que es peor, hay que denunciar la penosa situación de miles de funcionarios que están sin trabajo porque sus funciones las desempeñan ahora los intrusos (los han colocado a su lado y en los mejores despachos y medios), porque son amigos o parientes de tal o cual político. En la Administración andaluza se han sobrepasado todas las líneas rojas y se está llegando al enfrentamiento y al insulto. Hace unos días fui testigo de lo que le dijo un funcionario a una sindicalista: “No sé cómo no te da vergüenza apoyar a unos intrusos, que le han quitado el puesto de trabajo a los funcionarios”. ¿Hace falta que las cosas lleguen a mayores? ¿Se imaginan lo que pasaría si metieran en la Administración, por el mero hecho de estar afiliados, a 2.000 médicos, profesores o jueces? ¿Y la conflictividad laboral que provocaría cuando los privilegiados usurpen las funciones de los titulares? Pues, así andamos.

A pesar de las numerosas sentencias y suspensiones cautelares en contra de la mal llamada Ley de Reordenación, la Junta no las acata y sigue ‘colocando’ a esta casta de privilegiados, sin preparación, en los centros y en las delegaciones provinciales y, mucho nos tememos, que le salga gratis y que nadie sea condenado por prevaricación, usurpación de atribuciones, etc. Han sacado de la manga una ley –a sabiendas de que es ilegal–, han inventado ocho agencias de colocación –el director provincial de Agapa, en Granada, solo tiene el graduado escolar– y todo, para dejar colocados a miles de los suyos. Sólo esperamos que los tribunales pongan a cada uno en su sitio, pero el daño es irreparable y la guerra civil en la Administración no ha hecho más que empezar. El 18 de febrero, los empleados públicos nos manifestaremos en Sevilla por enésima vez.

Leandro García Casanova

Artículo publicado en el ABC, de Sevilla, el 23 de febrero de 2012

http://www.cartasaldirector.org/2012/03/los-enchufados-de-la-administracion-paralela/