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| La juez Mercedes Alaya |
“La Justicia se para cuando se tiene que investigar a los políticos”, dijo dos días antes de las elecciones autonómicas de Cataluña, José Manuel Sánchez, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía. Convocó a la prensa y confirmó la existencia del borrador de la Udef, con el que ‘El Mundo’ denunció las cuentas que Artur Mas, Jordi Pujol y su hijo tienen en un banco suizo. También salió en la prensa que los ‘mossos’ destruyeron pruebas y el fiscal jefe de Cataluña le dijo a la policía que fuera a investigar a otro lado. Los resultados de las elecciones catalanas los han dejado corridos y avergonzados, pero ellos siguen aferrados al poder como si nada hubiera pasado. Utilizando patrañas, primero se apoderaron del dinero y, no contentos con esto, quisieron apoderarse de Cataluña, pero el tiro les ha salido por la culata. La frase de “la Justicia se para cuando se tiene que investigar a los políticos”, la podemos aplicar a cualquier región de España, no hay más que ver que cuando las denuncias llegan a cierto nivel de cargos políticos, muchas se archivan sin más tramite, por falta de pruebas… La Justicia sigue la famosa regla de las dos varas de medir, se aplica al pueblo y al funcionario, con todo el rigor. Para los de arriba los delitos prescriben. Si el problema de CIU es el 4% que cobran bajo cuerda a las empresas que operan en Cataluña, el problema del PSOE de Andalucía son los ERE.
Manuel Gómez fue interventor general de la Junta, entre 2000 y 2010, y ha denunciado estos días: “Es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Griñan pudo terminar con el nido de corrupción en 24 horas”, y lo acusa de “cebar sin descanso la partida presupuestaria de los ERE”. Manuel Gómez envió quince advertencias a tres consejeros distintos, entre ellos a Griñan, cuando era consejero de Hacienda pero, ahora, le echan la culpa al exinterventor y lo acusan de no haber realizado un ‘informe de actuación’. El dictamen de la Comisión de los ERE va a ser una vergüenza, pues solamente acusa al director general de Empleo. No sé cómo el PP se ha prestado a participar en este ‘teatro’ y cómo no abandona ya la Comisión, pues IU y el PSOE, como dos buenos socios, se van a poner de acuerdo para endiñarle el muerto a dos o tres golfos y, de paso, exculpar a Griñán y Chaves.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha dicho estos días: “No me atrevo a decir si habrá o no más recortes. Un año es un horizonte muy largo”. Pues, claro, los recortes que los haga Rajoy, o que los apliquen en Cataluña y en Madrid. Sin embargo, la Junta está despidiendo a personal sanitario, no paga al personal de las residencias de la tercera edad ni las subvenciones a guarderías, no abona el dinero que le debe a los empresarios, autónomos, proveedores y ayuntamientos, por poner algunos ejemplos. Pero, según el PSOE, en Andalucía no existen los recortes.
La Junta hace la cuenta de la vieja en la Administración: con los 5.000 millones de euros del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), destina 3.000 euros para las casi de 500 empresas públicas (con 30.000 contratados a dedo, afines al PSOE y a sus sindicatos amigos) y el resto lo saca de las nóminas de los funcionarios, mientras siguen con los mismos coches oficiales y pagando miles de euros de productividad, a los puestos de libre designación, del Consejo Consultivo. En 2013, la Junta dará 6,4 millones de euros a CCOO y UGT, en ayudas directas, para que sigan tomando la calle y haciendo protestas contra el Gobierno de Rajoy. El fracaso de la huelga general no sorprendió a nadie. Ambos sindicatos de clase tienen a cien empresas que ganan unos diez millones de euros al año.
Según una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística publicó, el 24 de octubre pasado, el salario anual del sector público fue en 2010 un 30,8% más alto que el salario medio de los trabajadores. La muestra, sin embargo, no incluye a los empleados públicos adscritos a las mutualidades sino solo a los que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social, lo que deja fuera a la gran mayoría de los funcionarios y sí incluye a los empleados de empresas públicas. La media en el sector público en 2010 ascendió a 29.811 euros, mientras que en el sector privado fue de 21.231 euros.
Ante estos datos del INE, tengo que decir lo siguiente: un policía nacional gana 1.600 euros, un administrativo 1.000 o 1.200, mientras que un empleado en la empresa pública gana unos 2.000 euros o más, y los directivos vienen cobrando de 60.000 para arriba, incluso hay una docena que cobran más que el presidente de la Junta. La torpeza de la encuesta del INE es que no debe de meter a todos en el mismo saco, porque esto es dar una imagen falsa de la realidad y echar a la gente en contra de los funcionarios. Una cosa es la función pública y otra, las empresas públicas, que crearon los políticos para colocar a los suyos (a los cesados) y, de paso, para evadir la ley, como ha ocurrido con los ERE. Con las cajas de ahorros hicieron lo mismo que con las empresas públicas, las arruinaron.
En la chapuza nacional, sorprende esta noticia: “Imputan a un jefe de CCOO y a un alto cargo de la Junta por malversación. El sindicato pagó viajes de sus militantes a manifestaciones con subvenciones de 600.000 euros como ‘sensibilidad de riesgos laborales’”. ¿Dónde están los controles de sindicato, con las subvenciones que reciben? El proyecto del reglamento que prepara el Gobierno de Rajoy, abre la puerta al despido colectivo del personal laboral de las Administraciones y entes públicos. Estas son las observaciones de los sindicatos millonarios de clase:
“Por tanto, trasladar toda la carga del ajuste (despido), a un colectivo solo por ser laboral, resulta ilegítimo por irrazonable y desproporcionado”, página 27. En la 28 hablan de “la desigualdad de trato entre unos y otros, lo que resulta arbitrario y desproporcionado”. Los sindicatos UGT y CCOO piden el despido para los funcionarios de carrera, pero a los ‘enchufados’ en la Junta que no los toquen. El paisaje de España es árido y el clima cálido, por lo que no da para mucho: aquí levantas una piedra y te sale un lagarto.
Una perla de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en una entrevista que le hicieron el 25 de noviembre de 2012. Menciona a los funcionarios andaluces, en estos términos: "son tan profesionales los que están en el sector público como los que están en la Junta y se llaman funcionarios". Pues, claro, si en el sector público están colocados todos los parientes y amigos. No falta ni uno. En fin, la consejera y los sindicatos de la Junta tienen parecidas opiniones. En cuanto al concurso de traslados de la Administración General, la Junta lo sacó para dividir a los sindicatos y distraer al personal –y lo consiguió–, y ahora está mareando la perdiz.
Siempre habrá alguien, como ‘El Mundo’, Mercedes Alaya o Manuel Gómez, que tratará de que se sepa la verdad, a pesar de exponerse a las represalias del poder, porque creen en un mundo mejor y más justo. España siempre ha tenido fama de tener malos gobernantes, mientras que en los países anglosajones, o en Francia mismo, ha ocurrido todo lo contrario. En las democracias occidentales, los políticos cogidos en falta dimiten; aquí sacan pecho y encima te amenazan. Esa es la diferencia. España es la chapuza nacional, donde la corrupción y la impunidad están a la orden del día, el lema parece ser: el que no roba o defrauda es tonto. Y el pueblo no es mejor que los gobernantes que elige.
Pero, todavía queda algo de justicia en esta tierra cainita, cuando van cayendo los caciques y corruptos. La cara de Pujol y de su delfín Mas es todo un poema, pronto pasarán a la historia como Ibarreche, del que ya nadie se acuerda. Griñan parece ahora disfrutar de la gloria del poder: es secretario general del PSOE y presidente de la Junta, cree que ha ganado las elecciones andaluzas, cuando en realidad son las primeras que ha perdido el PSOE andaluz, en treinta años. El PSOE ha perdido en las últimas cinco elecciones y Rubalcaba tendrá que dimitir, sólo les queda el feudo de Andalucía, como a Boabdil el Reino de Granada.
Ustedes vosotros aplíquennos ya el recorte,
para pagar a los enchufados y sindicatos de la corte.
Posdata: el día 27 le escribí a la plataforma de funcionarios 'Defiendo mi derecho' para enviarle este artículo. No he obtenido respuesta.
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