El 15 de marzo de 2009, salió publicada esta carta mía al director de La Opinión de Granada
Entre abril y mayo de
2008, doce mujeres realizaron en Armilla (Granada) el curso de
‘Camareras de piso’ y les entregaron el diploma. Lo organizó la empresa..., con
el compromiso de que, el 70% de las alumnas serían contratadas por la empresa
como camareras de piso, por un periodo de seis meses. Pero la realidad fue muy
diferente. A Antonia le ofrecieron trabajar
cuatro horas de limpiadora, en dos centros bastante alejados: “Si no aceptas
este trabajo, tienes que firmar la renuncia”, le dijo la encargada y, ante las
protestas de Antonia, la amenazó, “pues,
si no firmas, te voy a denunciar”. A María…
le ocurrió otro tanto y le ofreció un trabajo de limpieza en el Hospital de San
Rafael: “Esto es lo que hay y, si no te gusta, tienes que firmar que renuncias
al trabajo del hospital”. Ambas mujeres se negaron a firmar. A Mercedes… le ofreció limpiar en el hotel
Los Abades, pero el uniforme y los zapatos que le entregaron estaban rotos. Lo
pasó tan mal ese día, que ya no volvió más al trabajo. La empleada de la
empresa..., le dijo que se pasara a
recoger los papeles del paro y allí tuvo que oír: “Si no me firmas la renuncia
del puesto de trabajo en el hotel, no te doy los papeles para que puedas cobrar
el paro”. Mercedes al final firmó la
renuncia.
A Luisa… también la llamaron como
limpiadora en el Hospital de San Rafael, con la consigna de que, si no le
interesaba el trabajo, que se pasara por la oficina para firmar la renuncia. Pero
no acudió a firmar. En cuanto a las mujeres restantes que realizaron el curso:
dos trabajaron en el hospital, otras dos firmaron la renuncia al trabajo y a
cuatro no las llamaron. Pero las cuatro trabajadoras –citadas por su nombre– reclamaron
a la empresa..., y recibieron contestación por carta ordinaria. El escrito,
dirigido personalmente a cada una de ellas, lleva el anagrama de la empresa...,
y sus delegaciones en Andalucía, pero no está firmado ni lleva sello del
registro. La empresa reconoce que el "curso pertenece al programa de
Formación Profesional Ocupacional, financiado por el Fondo Social Europeo y la
Junta de Andalucía”, y que se comprometió “a contratar al 65% de los alumnos
participantes, en trabajos relacionados con la formación recibida en el curso
(…). Es cierto, que algunos de ellos no eran para desempeñar el puesto de
camarera de piso, pero sí estaban dentro de nuestro sector, la limpieza. Desde la
empresa..., no pensamos que esto fuese a significar un problema, pues lo que
las alumnas expresaron de manera reiterada en el curso fue sus ganas de
trabajar”. Y continúa diciendo: “Como entidad debemos contar con un documento
firmado por la persona que rechaza el contrato. En efecto, no están obligadas a
firmarlo (…). Lamentamos, que como reflejan en el escrito se hayan podido
sentir ‘engañadas, vejadas y amenazadas’”. Y tras las justificaciones, la carta
finaliza: “Queremos expresarles que sentimos profundamente este gran
malentendido”.
Como la empresa no se comprometía a nada, en julio de 2008, tres trabajadoras pusieron una reclamación en el Servicio Andaluz de Empleo: “Estas prácticas, además de constituir un fraude, ofenden a la dignidad de las trabajadoras y son contrarias a la libertad y seguridad en el trabajo. De manera que, con doce mujeres trabajadoras, ‘organizaron’ un curso de camareras de piso, para ofrecernos al final un trabajo de limpiadoras. Pero, cuando nos negamos a aceptar este trabajo, no dudaron en utilizar amenazas y coacciones, para que firmáramos la renuncia”. Y el jefe de servicio de Formación para el Empleo les dio ésta contestación: “El compromiso de contratación al que está obligada la citada entidad es del 70% de las alumnas finalizadas y aptas. Esta Dirección Provincial del S.A.E. comprobará el cumplimiento del compromiso de contratación de la empresa..., a efectos de la liquidación económica del curso, y en su caso, para iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro”. Ante la pasividad de la Administración, Antonia y Mercedes pusieron una reclamación en octubre al Defensor del Ciudadano, Melchor Sáinz-Pardo. Tras hacer una mediación personal, la respuesta que recibió por escrito de la Delegación Provincial de Empleo fue prácticamente la misma que dio el jefe de servicio, siete meses antes. La empresa no ha sido sancionada por fraude en el curso de camareras de piso (casi un año después), con el agravante de amenazar a las trabajadoras para que firmaran la renuncia al trabajo de limpiadoras. Y tampoco ha devuelto la subvención del Fondo Social Europeo y de la Junta de Andalucía.
Una
sentencia histórica contra la corrupción y para el periodismo libre
En vez de rendir
cuentas, UGT-Andalucía quiso sentarnos en el banquillo. Hoy la verdad
periodística se hace verdad judicial
(…) La Audiencia Provincial de Sevilla considera probada
esta gigantesca trama de financiación, que se desarrolló en paralelo
al caso ERE: al menos entre 2009 y 2013, los dirigentes del sindicato
hermanado con el PSOE crearon una «mecánica defraudatoria» para financiar su
estructura, sus fiestas, sus comidas, sus regalos... La Justicia confirma ahora
las prácticas vergonzosas que desvelamos. El hecho de que UGT saqueara a los
parados de la que por entonces era la comunidad autónoma con mayor índice de
paro de la UE, aquellos cuyos intereses debía defender, añade un componente
moral ignominioso.
(…) Las informaciones que empezamos a publicar hace 11
años fueron numerosas. Desvelamos episodios surrealistas: cenas con barra libre
en la Feria de Abril a cargo de la Consejería de Empleo; los ya famosos
700 maletines falsificados que se regalaron en el IX Congreso de UGT-A
en Sevilla y que dejaron una factura de más de 100.000 euros que se sufragó con
fondos de la UE; o la existencia de un manual interno en el que figuraba la
«gestión de botes», un elemento clave en el entramado. Los botes se generaban
precisamente con las facturas que pagaban las administraciones públicas y en
las que se multiplicaba el precio real del servicio.
EL MUNDO no cejó en su compromiso con la verdad pese a
que incomodara profundamente tanto a UGT como al entonces todopoderoso PSOE
andaluz. Esa resistencia tuvo su coste. Desde el primer día, en lugar de rendir
cuentas y asumir responsabilidades, el sindicato empeñó sus esfuerzos en
desprestigiar y atacar a quien denunciaba las ilegalidades. Incluso intentó
sentar en el banquillo a este diario y a nuestros compañeros Silvia
Moreno y Manuel Becerro. Asaeteó con denuncias a unos periodistas que
cumplieron escrupulosamente con su deber y los sometió a una
persecución infame, poniendo sus nombres en una diana.
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