ABUSOS EN LA BANCA

El pasado 2 de abril fui, con mi hermano, a la sucursal de Caja Granada, en la calle Alhamar, de Granada. Aquí tenemos los hermanos un depósito a plazo fijo, de forma mancomunada desde 1995, y queríamos renovarlo. Cuál fue mi sorpresa cuando la interventora saca un formulario, me pide dos números de teléfono, y me pregunta por mi estado civil, régimen económico, estudios que tengo, dónde trabajo y correo electrónico. Le respondí a algunas preguntas, hasta que ya no pude aguantar más: “Nosotros hemos venido a renovar el depósito a plazo y no tengo por qué dar mis datos personales y familiares, porque forman parte de mi intimidad”. Aquello era humillante y contrario a la ley, le dije a la interventora, así como que quería quejarme al director. Este me recibió y no sé cuántas veces me dio la razón. Me prometió que me llamaría en unos días. Me respondió que se había enterado y estos son los impresos que tienen en Caja Granada para estos casos. Le avisé que pondría una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En la reclamación, consideraba que la sucursal  de Caja Granada pide unos datos excesivos a sus clientes (y eso que los hermanos tenemos dos cartillas), que vulneran la intimidad personal y familiar de las personas, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución española y de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Es más, estos datos personales y familiares los obtienen “conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal”, como indican los impresos que me entregaron. Y que “presto mi consentimiento expreso para que en mi nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha información”. Pero no te informan de esto porque los impresos se los quedan ellos, una vez rellenos y firmados. ¿Qué datos no pedirán a los clientes, cuando les soliciten un préstamo? La contestación de la AEPD el 27 de noviembre, siete meses después, es la siguiente: “A la vista de lo expuesto, cabe destacar que la solicitud de diversos datos personales efectuada por Caja Granada al denunciado, trae su causa en lo establecido en la mencionada Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, por lo que se desprende que dicha solicitud de datos resulta adecuada con la finalidad perseguida por dicha norma”. Uno se queda flipando y encima me tachan de denunciado. Cuando reclamaba al Banco de España, por los abusos de algunos bancos, se lavaba las manos, como sabía hacerlo su director Fernández Ordóñez. Nada de extraño tiene que, con esta complicidad de unos y otros, haya habido en España, desde 2008, más de 400.000 desahucios –la mayoría de ellos abusivos–, y que cerca de un millón de clientes hayan sido engañados con las acciones preferentes. Y sin embargo, aplican la Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los que tenemos un depósito. ¿Es obligatorio y necesario que yo dé dos números de teléfono, el correo electrónico y si estoy casado o viudo al banco, cuando no me los piden ni en el juzgado? ¿Por qué no les piden todos estos datos a quienes han estafado y engañado a miles de españoles? La banca se dedica ahora a sacar una ficha policial a sus clientes, con la connivencia de la AEPD, que debería proteger los derechos fundamentales de los españoles.

Posdata: Esta carta al director salió publicada en el Mundo de Andalucía, el 7 de enero de 2013. Como es natural, no ha tenido respuesta. España es un país entre África y Europa, donde los derechos de los ciudadanos son pisoteados cada día, mientras las administraciones miran para otro lado. De otra caja tuve que emigrar, porque empezaron a pedirme datos que consideraba insultantes y que afectaban a mi intimidad personal y familiar. La crisis del sistema financiero español ha sido de las cajas de ahorro -los políticos mangonearon todo lo que pudieron y las arruinaron, junto a sindicatos y patronal, que estaban en el consejo de administración-, porque los bancos, de carácter privado, están saneados.