PRÁCTICAS ABUSIVAS E ILEGALES

El 19 de enero, me di de alta en una compañía y causé baja en SIMYO, haciendo el contrato de alta y la solicitud de portabilidad a una y otra compañía. A finales de enero, SIMYO me cargó en la cuenta 3,71 euros, aunque no me envió la factura para que yo pudiera comprobar el consumo. El 27 de febrero, SIMYO volvió a cargarme en mi cartilla 3,50 euros, sin enviarme la factura,  y la devolví. El 10 de marzo recibo un correo electrónico, de los que no puedes contestar porque te lo devuelven (no-reply@ simyo.es): “Te informamos que tienes pendiente de pago la factura correspondiente al periodo comprendido entre el día 20/01/2017 y el día 20/02/2017…”. Unos días después, escribo al correo electrónico de SIMYO que viene en el contrato: “No aportan factura ni puede cobrármela pues ya me había dado de baja, pero como siga insistiendo con llamadas al teléfono de mi esposa, tendré que poner estas prácticas abusivas e ilegales en conocimiento del Servicio de Consumo”.

El 24 de marzo recibo otro correo electrónico, donde me amenazan de esta forma: “En caso de no producirse el pago en el término de 7 días, tus datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias”. Esto es, SIMYO me amenaza claramente con llevarme al Registro de Morosos, sabiendo que legalmente no puede hacerlo. A final de mes, denuncié las prácticas abusivas e ilegales que utiliza la compañía, aparte de llamar repetidas veces al móvil de mi esposa, a través de una centralita de teléfono, acosándola y amenazando con que me van a cortar la línea e incluir en el fichero de morosos.  Ella tiene contrato con otra compañía y no sabemos dónde han podido conseguir su número del móvil. Me pasé por el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Granada y me dijeron: “Posiblemente, te han incluido en el Registro de Morosos, y nosotros no podemos sancionar porque la ley no nos lo permite”. Así de claro. Tuve que poner la reclamación en el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía, a finales de marzo, pues es el competente para las empresas que radican fuera de la provincia. También es eficaz en estos casos Consumo de la Diputación.

El 19 de mayo, mi mujer recibe una llamada  de una operadora de SIMYO, en su móvil. Me lo pasa y me dice: “Usted ya no nos debe nada”. No me dio tiempo a responder y ni siquiera tuvieron la dignidad de llamarme a mi teléfono. El 12 de junio recibo una carta del Servicio de Consumo, con una fotocopia del escrito que les ha remitido el Departamento de Atención al Cliente de SIMYO. Reproduzco algunas frases textuales: “… hemos comprobado que el cliente se dio de baja el día 23/01 por lo que la factura que le ha llegado corresponde al período 20/01/2017 a 19/02/2017. Se regularizan los 3,50 euros cobrados. Cliente queda conforme (…) SIMYO considera que no procede la continuación de la tramitación del presente procedimiento. Interesa señalar que la máxima prioridad de SIMYO es la satisfacción plena de sus clientes”. Tengo que decir que los 3,50 euros  de la factura los devolví de la cartilla, por lo que no los cobraron y me di de baja el 19/01, y no el 23 como dice. La respuesta de la compañía es puro cinismo, después de la persecución, amenazas y acoso que hacen con los clientes. Y lo llevan a cabo con nocturnidad y alevosía. Así actúan algunas compañías de teléfonos en España, con total impunidad, incluso te pueden meter en el fichero de morosos alegando que no has pagado una factura, sin tener que demostrarlo. Mayor indefensión no se puede pedir.

Hace un mes, salió en la prensa que un juez dictó sentencia contra Orange, prohibiéndole que llamara por teléfono a un excliente. Había estado durante meses llamándolo a todas las horas del día, para que pagara una factura cuando ya se había dado de baja. La compañía Orange contestó en la prensa –con toda la desfachatez del mundo, como SIMYO lo ha hecho a Consumo– que “la empresa que se dedicaba a reclamar a los clientes estaba externalizada”. Aunque fuera una empresa contratada para el cobro de las facturas impagadas, el responsable siempre es y será Orange. España tiene fama de ser un paraíso para cometer toda clase de delitos, porque las leyes son blandas con los delincuentes, pero sobre todo con la delincuencia de cuello blanco.

En este plan, el consumidor está completamente indefenso ante tanto atropello de las compañías de teléfonos, pues, como no se sancionan las prácticas abusivas e ilegales que cometen, cada día son más frecuentes los atropellos, de manera que son las que más reclamaciones reciben en los Servicios de Consumo. Este servicio reconoce, en la carta que me enviaron, que “tan sólo cuenta con competencias informadoras y mediadoras”; o sea, que no puede sancionar y así nos va a los consumidores. Pero, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿por qué la Administración no tiene potestad para sancionar a las 'telecos' y sí la tiene para proceder contra las eléctricas y los particulares?