El pasado 2 de abril fui, con mi hermano, a la sucursal de Caja Granada, en la calle Alhamar, de Granada. Aquí tenemos los hermanos un depósito a plazo fijo, de forma mancomunada desde 1995, y queríamos renovarlo. Cuál fue mi sorpresa cuando la interventora saca un formulario, me pide dos números de teléfono, y me pregunta por mi estado civil, régimen económico, estudios que tengo, dónde trabajo y correo electrónico. Le respondí a algunas preguntas, hasta que ya no pude aguantar más: “Nosotros hemos venido a renovar el depósito a plazo y no tengo por qué dar mis datos personales y familiares, porque forman parte de mi intimidad”. Aquello era humillante y contrario a la ley, le dije a la interventora, así como que quería quejarme al director. Este me recibió y no sé cuántas veces me dio la razón. Me prometió que me llamaría en unos días. Me respondió que se había enterado y estos son los impresos que tienen en Caja Granada para estos casos. Le avisé que pondría una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
En la reclamación, consideraba que la sucursal de Caja Granada pide unos datos excesivos a
sus clientes (y eso que los hermanos tenemos dos cartillas), que vulneran la
intimidad personal y familiar de las personas, de acuerdo con el artículo 18 de
la Constitución española y de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal. Es más, estos datos personales y familiares los obtienen
“conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter
Personal”, como indican los impresos que me entregaron. Y que “presto mi
consentimiento expreso para que en mi nombre pueda solicitar ante la Tesorería
General de la Seguridad Social dicha información”. Pero no te informan de esto porque
los impresos se los quedan ellos, una vez rellenos y firmados. ¿Qué datos no
pedirán a los clientes, cuando les soliciten un préstamo? La contestación de la
AEPD el 27 de noviembre, siete meses después, es la siguiente: “A la vista de
lo expuesto, cabe destacar que la solicitud de diversos datos personales
efectuada por Caja Granada al denunciado, trae su causa en lo establecido en la
mencionada Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
Terrorismo, por lo que se desprende que dicha solicitud de datos resulta
adecuada con la finalidad perseguida por dicha norma”. Uno se queda flipando y
encima me tachan de denunciado. Cuando reclamaba al Banco de España, por los
abusos de algunos bancos, se lavaba las manos, como sabía hacerlo su director
Fernández Ordóñez. Nada de extraño tiene que, con esta complicidad de unos y
otros, haya habido en España, desde 2008, más de 400.000 desahucios –la mayoría
de ellos abusivos–, y que cerca de un millón de clientes hayan sido engañados
con las acciones preferentes. Y sin embargo, aplican la Ley del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los que tenemos un depósito.
¿Es obligatorio y necesario que yo dé dos números de teléfono, el correo
electrónico y si estoy casado o viudo al banco, cuando no me los piden ni en el
juzgado? ¿Por qué no les piden todos estos datos a quienes han estafado y
engañado a miles de españoles? La banca se dedica ahora a sacar una ficha
policial a sus clientes, con la connivencia de la AEPD, que debería proteger
los derechos fundamentales de los españoles.
Posdata: Esta carta al director salió publicada en el Mundo de Andalucía, el 7
de enero de 2013. Como es natural, no ha tenido respuesta. España es un país
entre África y Europa, donde los derechos de los ciudadanos son pisoteados cada
día, mientras las administraciones miran para otro lado. De otra caja tuve que emigrar, porque empezaron a pedirme datos que consideraba insultantes y que afectaban a mi intimidad personal y familiar. La crisis del sistema financiero español ha sido de las cajas de ahorro -los políticos mangonearon todo lo que pudieron y las arruinaron, junto a sindicatos y patronal, que estaban en el consejo de administración-, porque los bancos, de carácter privado, están saneados.
